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Reformar las pensiones

Reformar las pensiones

El debate sobre las pensiones vuelve a tomar vigor en los últimos meses. Comienza a alumbrar la idea de que la sostenibilidad financiera del sistema vigente se centre mucho menos en la reducción de lo que algunos llaman como “pensión suficiente”, y se acoja la idea de buscar nuevas fuentes de ingresos para el sistema, a través o  por medio de determinados y concretos impuestos, pero teniendo siempre presente un tema de enorme envergadura, la evolución de las variables: Demográficas, Económicas y Laborales.

 

Este importantísimo debate que está presente diariamente en muchos círculos de opinión ha convocado algunas movilizaciones hasta ahora con escasa respuesta en la calle, pero continuarán las movilizaciones reivindicando, entre otras cosas, unas pensiones actualizadas, porque por una parte, deberían ser revisadas pero manteniendo su viabilidad y poder seguir ofreciendo a las personas que por causas ajenas a su voluntad (vejez, enfermedad, desempleo, discapacidad, viudedad, orfandad, etc.)

 

Necesitan de la solidaridad del resto de los ciudadanos, teniendo en cuenta que debe encontrarse la forma de incrementar el flujo de ingresos del sistema, entendiendo que su equilibrio financiero puede y debería basarse en el aumento de los ingresos y no exclusivamente, como se hace hasta ahora, basándose directamente en el recorte del gasto, es decir, reduciendo  la pensión media del sistema.

 

El Estado español en 2017 ha gastado más de cien mil millones de euros para financiar el sistema público de pensiones vigente, sistema que no cabe olvidar, es el mecanismo principal de redistribución personal de la renta presente en la política económica general de  nuestro país. En un sistema de reparto como el español, quienes cotizan al mismo tienen perfecto derecho a exigir la percepción de su pensión, como un derecho personal e intocable, adquirido a través de los años que han cotizado al mismo.

 

De cualquier manera, no obstante, no debe pasarnos por alto, que el equilibrio financiero del repetido sistema de reparto, depende de muchas variables, y algunas de ellas de la voluntad de la alta política, que no siempre estápredispuesta a mantener la pensión actualizada, como es el caso actual todavía ley vigente, por la que el incremento de las pensiones se  sitúa en el 0.25%, por lo tanto por debajo del IPC situado en 2017 muy cercano al 1%.

 

¿Qué puede depararnos el futuro?

 

De cara al futuro de las pensiones, se está valorando  cual podrá ser el comportamiento de los factores que determinan tanto la dinámica de ingresos como la de los gastos; ello lleva necesariamente a efectuar un rigurosísimo análisis sobre las tendencias que tanto el horizonte inmediato como también el de las próximas décadas, nos puede deparar, y,  desde esta importante perspectiva, son tres, al menos, los puntos esenciales a considerar:

 

 a) la dinámica económica.

b) la dinámica del mercado de trabajo.

c) la dinámica demográfica.

 

Con todo lo dicho, no hay que perder de vista una cuestión fundamental para los pensionistas: los poderes públicos tienen el deber de proteger las pensiones mediante la aportación de las fuentes de financiación necesarias, asegurando el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las mismas. La disyuntiva es cual la dirección que van a seguir y  aprobar los poderes públicos: ¿Van a quedarse con el Estado del Bienestar posible o por el Estado del Bienestar suficiente?

 

Este año 20018 si la complejidad de la vida política no lo estropea, es posible que se produzcan avances en la reforma del sistema, y si esta se lleva a la práctica, veremos con agrado o desagrado, si las nuevas pensiones  tienen asegurada tanto  su viabilidad como su  futura actualización.

Publicado
el 29-01-2018