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Los pensionistas

Los pensionistas

Las asociaciones de pensionistas han tardado en salir a la calle. El descontento de un amplio espectro del colectivo, poco a poco, se ha ido generalizando y las calles de muchas ciudades españolas han testimoniado el malestar de muchos/as pensionistas.

 

Su sólida capacidad de presionar a las Instituciones del Estado, exigiendo a los poderes públicos que el incremento de su prestación se equipare al IPC, es decir, al encarecimiento del coste de la vida; una lógica reivindicación que ha provocado debates por doquier y es de esperar, que la Comisión del Pacto de Toledo que hace ya algunos meses tiene el asunto en estudio, no tarde en pronunciarse, no solo informando sobre la actual demanda de los pensionistas, sino también, y en  particular, sobre el sostenimiento futuro de nuestro insustituible sistema público de pensiones que actualmente ya fija la jubilación,  en un periodo progresivo desde 2018 a 2027,  a partir de 36.5 o 38.5 años cotizados que sirven de base para el cálculo de la pensión y la fecha de jubilación entre los 65.5 y los 67 años.

 

Para pronunciarse constructivamente sobre este asunto fundamental para la ciudadanía española, entre otros aspectos a considerar, conviene no olvidar que el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones, cuesta al erario público muy cerca de 9.000 millones de euros mensuales, que, con las cuotas que percibe hoy de trabajadores y empresas no llega a cubrir y, por tanto, el déficit que arrojan las cuentas,  el Gobierno tiene que enjugarlo con el ahorro de anteriores años de excedentes (que están casi agotados) e, incluso, con algún crédito específico para afrontar la situación actual de insuficiencia de recursos, grave problema, pero del que los pensionistas que hemos  cotizado anteriormente durante una  buena parte de nuestra  vida,  no sería justo que fuéramos  los perdedores.

 

La pensión, es un asunto de enorme calado en España y la U.E.  En los todavía recientes  años de dificultades financieras, las pensiones se han convertido en un tema que, con su respaldo constitucional, requiere un inaplazable Pacto de Estado que clarifique su futuro próximo y aporte una razonable previsión para otros 25/30 años, contando, por otro lado, que su  sostenibilidad va a exigir,  posiblemente, una repercusión en los Presupuestos Generales del Estado,  asumiendo el coste de algunas pensiones,  para oxigenar y hacer viables  el conjunto de las prestaciones del  sistema, y si no salen todavía los números, hasta puede caber la probabilidad (muy remota en estos momentos) de que algún impuesto pueda ser contemplado ligeramente  al alza.

 

La pensión es una patata caliente que tiene sobre la mesa la Comisión del Pacto de Toledo y que luego pasará el filtro de la alta política parlamentaria, la cual,  olvidándose (ahora más que nunca) del interés partidista, deberá aportar la  altura exigible  en los grandes debates, en los cuales las excentralidades y radicalismos no pueden tener cabida; en estos casos,  es de esperar que la visión serena para el medio y largo plazo,  rigurosa  y acorde al sentimiento generalizado de la ciudadanía, sea la que resulte favorecida en el acuerdo final.

 

Termino, con una brevísima referencia al debate del proyecto de Ley de los  Presupuestos Generales del Estado,  que, en  esta ocasión,  destacan  por un diseño claramente social, quizás por los propios acontecimientos sociales, quizás como consecuencia del crecimiento económico de los últimos años, o tal vez, por la proximidad de las citas electorales previstas para 2.019, nada menos que elecciones municipales, autonómicas y europeas, o por los tres motivos  a la vez. Seguiremos los debates con el interés que los PGE tienen para la población.

Joaquin Tejera.

 

Publicado
el 03-04-2018