La Ley Orgánica Española de Protección de Datos que está a punto de cumplir años desde su aplicabilidad el pasado de 25 de mayo de 2018, creó un marco de referencia imprescindible para cumplir las normas de protección de datos en nuestro país. Nos lo cuenta el abogado y experto en Protección de Datos, Roberto L. Ferrer Serrrano.

 

La publicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en el BOE del pasado día 6 de Diciembre, quizá para hacerlo coincidir con el aniversario de nuestra Constitución, y pocos meses después de la plena vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos creó un marco de referencia imprescindible para cumplir las normas de protección de datos.

La norma nacional, publicada tras un largo periodo de negociación, finalmente obtuvo un consenso mayoritario que solamente se vio enturbiado en el último momento por la polémica relativa a un eventual uso por parte de los partidos políticos de los datos de los ciudadanos al objeto de aplicarlos a las actividades que les son propias.

El Reglamento europeo de protección de datos es una norma superior contra la cual ninguna norma de los Estados miembros prevalece y cuya principal ventaja es la de crear un marco europeo común en el que los tratamientos de datos se realicen con la mayor seguridad jurídica posible y es en este contexto  en el que nació nuestra nueva Ley Orgánica.

Desde el punto de vista de la regulación de tratamientos específicos de datos nos encontramos con cuestiones ausentes en la norma europea, y que lo son ahora tales como los sistemas de información crediticia (registros de morosos), tratamientos de datos de contacto, y sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), aquellos relacionados con modificaciones societarias, o incluso tratamientos con fines de videovigilancia, y sistemas de información denuncias internas (whistleblowing).

Otros aspectos a los que la nueva norma se ocupa son los relativos a concretar en el territorio nacional la actividad sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos, su estructura y régimen jurídico y, así como el de las Agencias Autonómicas de protección de datos (actualmente solo se encuentran en funcionamiento la Catalana y la del País Vasco).

Debe tenerse en cuenta que el régimen sancionador había ya sido regulado mediante la vía del Real Decreto Ley el pasado mes de Julio de 2018, junto con otras medidas consideradas prioritarias, al objeto de evitar algunas situaciones de alegalidad.

Entre la regulación de las garantías de los derechos digitales de los que también se ocupa esta norma se encuentra una declaración de derecho a la neutralidad de Internet, la proclamación del derecho de acceso universal esta red de redes, así como a asegurar la privacidad en el ámbito laboral mediante la utilización de determinados dispositivos digitales, sistemas de videovigilancia o de geolocalización de los trabajadores.

Especialmente actual es la problemática relativa a la desconexión digital en el ámbito laboral reconociendo el derecho de los trabajadores y empleados públicos a dichas desconexión a fin de que se respete su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar.

Igualmente actual es el problema del testamento digital que viene a complementar los derechos de los familiares de los fallecidos ya previstas en el artículo tres y que ahora en el artículo 96 encuentra una regulación más completa en este aspecto específico, a fin de que se pueda por las personas legitimadas decidir acerca de los contenidos digitales de personas ya fallecidas.

 

Roberto L. Ferrer Serrano
ABOGADO
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS